Donde todo vale, pero nadie cuenta. Donde el oro y la sangre son inconfundibles. Donde no hay descanso, pero tampoco recompensa.

Venezuela. Un libro abierto convertido en un enigma. Seguramente es muy poco lo que se sabe en comparación con las barbaries que asolan a este país, pero aun sabiendo esta mínima parte, a nadie le interesa ponerse de acuerdo para derrocar la codicia humana.

Venezuela es un territorio rico en recursos naturales, entre ellos, el petróleo. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), dispone del 20% del total mundial, al que habría que añadirle otra gran cantidad de minerales, como hierro, bauxita, diamantes, torio, coltán y oro.

No obstante, Venezuela también está caracterizada por ser un país envuelto en muchas disputas internas y en la relación con otros países y una de las que determinaría su sustento económico ocurrió en 2019.

PDVSA (Petróleo de Venezuela SA) es la estatal petrolera en Venezuela, monopolio exclusivo de la República Bolivariana desde su creación en 1975 y principal fuente de ingresos en el país. No obstante, en 2019 el paraíso del petróleo tuvo que enfrentarse a la acción de Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros: sanciones internacionales para comercializar el petróleo. Ya sabiendo que este recurso es primordial para la economía del país, que Venezuela se haya visto limitada para realizar transacciones de su petróleo ha provocado que la economía venezolana diese un giro no demasiado drástico: el oro.

Esta nueva riqueza próspera y esperanzadora es tan silenciosa como abundante. ¿Por qué? Trataremos de explicártelo en este artículo.

¿Cómo se extrae el oro de las minas?

Con alta probabilidad, todo apunta a que la mayoría de reservas de oro del país se encuentran en el Arco Minero de Orinoco, una extensión de 103.000 km que abarca desde Guyana hasta Colombia. En 2016, este lugar fue declarado “zona de desarrollo estratégico”, una medida con la que se intentaría compensar la caída de los ingresos por las sanciones del petróleo, según el Gobierno.

Una investigación llevada a cabo por CNN tuvo la oportunidad de hablar con los trabajadores de las minas, quienes atados de pies y manos contaron cuál era el funcionamiento de la extracción del oro.

En primer lugar, los mineros deben extraer filamentos de oro en las rocas y, a su vez, las rocas deben llevarse a molinos donde se extraerá el 40% del oro. El otro 60% queda en el material triturado, el cual es vendido a compañías como Minerven (minera estatal) encargadas de procesar la arena con cianuro y otros químicos.

Son labores peligrosas que atentan contra la salud física de las personas. Trabajos en condiciones inhumanas con poco soporte y recursos para cumplimentar sus actividades de manera segura, pero el peligro no acaba ahí.

Trabajo y castigo: el día a día en las minas

Muchas organizaciones, como Human Right Watch (HRW), denuncian a qué se enfrentan los trabajadores de las minas en su día a día.

Obligados a tener que recurrir a este tipo de trabajo a causa de la crisis económica que asola Venezuela, muchas personas se ven forzadas a soportar castigos físicos y psicológicos a cambio, además, de una miseria de sueldo. Todo lo que sufren no está pagado y ninguna cuantía debería poder comprar la tortura.

En las minas de oro, no existen Derechos Humanos y tampoco segundas oportunidades.

El control sobre los obreros es severo: condiciones abusivas e insalubres, crímenes atroces, mutilaciones, desapariciones, ejecuciones, turnos de hasta 12 horas de trabajo, aumentos de casos en enfermedades como la malaria, toxicidad en los materiales trabajados, etc. Desgraciadamente, no estamos hablando de un acontecimiento acaecido hace siglos, sino de una realidad a la que muchos valientes se enfrentan para sacar adelante a sus familias.

No importa la edad, el sexo o si hayas o no cometido algún tipo de injuria hacia la empresa. El oro vale más que la vida misma de los mineros y las ganancias controlan su devenir. Si eres sospechoso de robar lo más mínimo o has producido menos de lo que deberías, serás víctima o testigo de cualquier barbaridad que ellos consideren: mutilación, degollamiento, disparos en cualquier parte del cuerpo, aunque principalmente se achaca mucho a las manos, y asesinato. “Una persona a la que le dan un tiro no puede trabajar más en esa mina. Y no lo hacen solo para castigar a quien comete una falta, sino para que los demás entiendan como se pagan”, según fuentes cercanas a las minas.

Con tantas muertes es increíble que no exista falta de plantilla en las minas, pero la situación que atraviesa Venezuela fuerza a muchas personas a dejar un trabajo en el que no encuentran sustento económico para adentrarse en un mundo del que quizás no puedan salir. Para los beneficiarios, un número más o un número menos; y ni si quiera eso.

Que tan difícil tiene que ser sobrevivir en Venezuela para atreverse a trabajar en las minas de oro; cuánta desesperación para vender su vida al mejor postor y cuánto poder tiene que haber oculto entre los lingotes de oro para que una situación de este calibre no se acabe.

La controversia de las minas: ¿quiénes las dirigen?

Es muy habitual que, tratando este tema, llegue a nuestros oídos la conexión que existe entre la empresa minera y el Gobierno de Maduro, según Estados Unidos el gran beneficiario personal de este monopolio.

No obstante, quienes ejercen directamente la represión sobre los mineros son los llamados “pranes”, una palabra utilizada para referirse negativamente a los líderes que tienen el control sobre una cárcel o un sitio de reclusión de reos. Una vez conocido el trasfondo de las minas, es totalmente comprensible el término con el que se hacen llamar.

Las minas son controladas por bandas criminales y, a su vez, el territorio está controlado por, irónicamente, grupos armados denominados como sindicatos. Estos dirigen sobre las poblaciones que viven y trabajan allí de forma abusiva e inhumana, actos que se justifican con acusaciones por robo y otros delitos.

Ante esta situación, cualquier gobierno debería estar al tanto de estas prácticas capricho del más ambicioso. Sin embargo, aunque muchos denunciantes confirman que el Gobierno chavista es consciente de la situación, Human Rights Watch no encontró «información pública sobre investigaciones que se hayan realizado para determinar la responsabilidad penal de funcionarios gubernamentales o miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas implicados en estos abusos».

A finales del año pasado, Nicolás Maduro anunció que cada gobernación de Venezuela recibiría una mina de oro para sufragar los posibles estragos de la crisis económica. Además, para incentivar la buena administración de recursos los gobernadores, estos recibirían nuevas minas. Podríamos preguntarnos si garantizar la seguridad y legalidad justa de los empleados se incluye en la buena administración.

Asimismo, la corrupción pública no solo queda en manos de las personas más visibles, sino que también se ejerce a partir de funcionarios públicos y militares. Aprovechando su rango, se hacen dueños de grandes extensiones de tierra y, consecutivamente, se asocian con inversores. «Dejar que los funcionarios se beneficien del negocio del oro ha permitido a Maduro corromper a los servidores públicos y funcionarios militares en todas las estructuras de poder para perpetuar su Gobierno», señala Cristopher Figuera, antes general de confianza de Maduro.

¿Cómo escapar si quien debería protegerles está de parte de quien les somete?

Impacto medioambiental

A día de hoy, la gran parte del oro que se extrae proviene de la pequeña minería o minería formal, una forma de desarrollar la actividad muy perjudicial para el medioambiente.

Para poder llevar a cabo la actividad minera de forma rápida y barata, principales valores para obtener altos  beneficios, los mecanismos que serán utilizados no serán precisamente delicados con la naturaleza ni con la propia persona que los trabaja. Toda la extracción lleva distintos procesos con distintas formas contaminantes que afecta a la vegetación, al suelo, a la fauna y a los ríos.

Vertidos con restos combustibles y desechos, aumento de la sedimentación de los cursos de agua, la contaminación con mercurio, la deforestación y la aceleración de procesos erosivos que propiamente deberían ser naturales o la alta producción de basura (chatarra, latas, plásticos, etc.), entre otras muchas prácticas.

A la inconsciencia global de cambiar las formas de producción y el método económico se le suma la indiferencia del Gobierno de Venezuela que, según información recibida por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y los testimonios recopilados por Human Rights Watch, no realizó ningún estudio adecuado sobre el impacto medioambiental y a las poblaciones indígenas sobre la masificación de las minas de oro.

En Venezuela no es oro todo lo que brilla; es más, brillan los ojos de aquellos ociosos que manchan sus manos de sangre por un puñado de oro; brillan las pistolas a punto de despedir a su víctima; brillan las lágrimas de los mineros que, con miedo, ponen su vida en peligro para denunciar la ceguera del oro.

¿Quién les protege?