La revuelta escondida que convulsionó Chile

Un país que su presidente definía como “un verdadero oasis dentro de una América Latina convulsionada”. Pocos hubiesen apostado por Chile si se tuviese que haber decidido cuál sería uno de los países más beligerantes con su sistema político en 2019.

Los datos reflejan esta realidad: según diversas encuestas publicadas el Centro de Estudios Públicos, solo un testimonial 2% de la población chilena confía en los partidos políticos, un 3% en el Congreso del país chileno y un 5% confía en el ejecutivo liderado por Sebastián Piñera. Datos muy representativos del sentir social de la población chilena.

La principal encrucijada de este movimiento social ha sido el hartazgo de los ciudadanos -de los cuales un 70% solo cobra 770 dólares al mes, datos extendidos principalmente entre la clase media-, mostrado el 18 de octubre del pasado año cuando el ejecutivo chileno decidió incrementar el precio del metro de Santiago de Chile en 30 pesos, pasando así de valer 800 a 830 pesos equivalente a 1,17 dólares de aquel momento. Piñera anunció la medida sin esperar que ello fuera el inicio de una de las movilizaciones más multitudinarias e impactantes que marcaron el devenir de América latina en 2019. Aunque, a priori, este incremento pudiese parecer un motivo un tanto nimio para iniciar una revuelta masiva que se prolonga hasta la actualidad. Ello sólo fue la gota que colmó el vaso del descontento de la población.

El epicentro de las revueltas tuvo lugar en la capital, Santiago de Chile. Los chilenos salieron a la calle, principalmente jóvenes, a incendiar numerosas estaciones de metro, autobuses, bancos, universidades. Además en los diversos informativos y diarios se mostraban imágenes de cómo miles de personas se saltaban los diversos accesos para poder acceder al metro de Santiago de Chile. Ante esta situación tan inusual en el país latinoamericano Piñera decidió declarar el estado de emergencia y que el ejército tomase el control de las calles. Esta decisión se puede interpretar en la actualidad como haber echado gasolina al fuego.

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Protestas en el metro de Santiago de Chile el 18 de octubre de 2019
Fuente: France 24

No solo ardían las principales calles chilenas, sino también las redes sociales y su gran poder de difusión, ya que numerosos hashtags en Twitter – #LaMarchaMasGrandeDeChile, #ChileDespertó o #noestamosenguerraestamosunidos!!- permitieron mostrar a la sociedad que las revueltas chilenas habían comenzado y que este clamor no sería apagado a punta de violencia sino a través de medidas que permitieran mejorar la vida de la clase media chilena.

Dos días después de las masivas protestas, el presidente chileno decidió eliminar la subida de precios decretada para tratar de frenar el malestar chileno, hecho que con el tiempo ha demostrado ser ineficaz, ya que el objetivo principal no era lograr revocar la subida del precio, sino mejorar la vida de la clase media chilena.

En los días siguientes el presidente chileno presentó un plan económico para atajar la crisis que se empezaba a erigir. Entre las propuestas más relevantes se encontraban el aumento del salario mínimo de 301.000 a 350.000 pesos, la creación de un seguro catastrófico de enfermedades, el aumento inmediato del 20 por ciento en la pensión básica solidaria tras la aprobación de la ley o la creación de un nuevo tramo impositivo del 40 por ciento para quienes ganen más de 8 millones de pesos mensuales (10.000 euros). En la propia declaración en la que anunció este plan, el presidente chileno trató de rebajar la tensión generada por sus palabras tras el establecimiento del estado de emergencia, calificando que el país se encontraba en “guerra”. Proclamó que habían “escuchado, fuerte y clara, la voz de la gente expresando pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus carencias, sus sueños y esperanzas de una vida mejor”.

Sin embargo, estas medidas fueron interpretadas como insuficientes, ya que días después, el 25 de octubre, se congregaron en Santiago de Chile 1,2 millones de personas, la mayor movilización en el país desde el retorno a la democracia en 1990. El músculo del descontento seguía incrementando y la legitimidad del ejecutivo chileno caía en picado. Por ello, Piñera exigió a sus ministros que pusieron sus cargos a disposición para así poder rediseñar su equipo. Ello se llevó a acabo días después, pero la gente seguía en la calle pidiendo un cambio que eliminase las raíces del problema y no medidas que maquillaran la situación.

Protestas en Santiago de Chile el 25 de octubre de 2019
Fuente: lalupa24.com

La situación de inestabilidad social y política se prolongó durante semanas hasta que finalmente se anunció un referéndum para cambiar la constitución chilena vigente desde 1990. Este plebiscito se tendría que llevar a cabo el 22 de abril. Sin embargo, la crisis del coronavirus parece ser que va a posponer la votación para tratar de dar una salida democrática a la crisis chilena. Aunque pareciese la medida más contundente llevada a cabo por la clase política chilena, los jóvenes siguieron saliendo a las calles reclamando más cambios.

Desde ese momento, las protestas en las calles se han mantenido pero el nivel de asistencia se redujo debido a la llegada de las vacaciones para los alumnos chilenos y el impacto económico que ha generado esta revuelta social. Sin embargo, a principios de marzo se registraron mayores movilizaciones tras el inicio del año escolar. Ello se frenó en seco tras la propagación del Covid-19 por todo el mundo.

Otra de las encrucijadas de las movilizaciones ha sido la brutalidad ejercida por la policía y el ejército para frenar las movilizaciones. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Michelle Bachelet, ratificó numerosas violaciones de los derechos humanos asegurando “que tanto los Carabineros como el Ejército no se han adherido a las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”. Ello se fundamenta en “el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara (aproximadamente 350), muestra que hay razones fundadas para creer que las armas menos letales se han utilizado de manera indiscriminada”. También el informe presentado refleja la existencia de “tortura y malos tratos” materializados en “golpes fuertes con los puños, patadas, culatazos […] o personas atropelladas por vehículos y motocicletas de las fuerzas de seguridad”. Piñera, en una entrevista para la CNN manifestó que tanto la actuación de las fuerzas del orden como la crisis chilena “fueron exageradas, sin duda,” gracias a la “participación de Gobiernos e instituciones extranjeras”.

Una de las causas principales de la longevidad de las manifestaciones en Chile es la creciente desigualdad que se ha instalado en este país. El modelo ultraliberal que se ha idolatrado en Chile y al que se considera como el principal responsable del milagro económico chileno, instalado tras el golpe de estado que depuso a Salvador Allende y aupó al poder al dictador Augusto Pinochet en 1973. Poco a poco, este modelo provocó, debido a la escasa intervención del estado en la economía que no permitía corregir las desigualdades que generaba este modelo económico.

Si se observan las cifras macroeconómicas, el PIB per cápita chileno en el último lustro es muy superior al de la media de América latina y el Caribe en el mismo periodo, lo que a priori muestra una buena marcha de la economía. Sin embargo, otra de las claves importantes de esta crisis es que los chilenos empezaron a sentir que estas buenas cifras no se traducían en beneficios para todos, por lo que el descontento de la población poco a poco empezó a aumentar sin que ningún partido político se percatase de esta situación.

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Evolución del PIB per cápita en Chile y América Latina
Fuente: BBC

Este malestar, además, se apoyaba en datos económicos; el informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reflejó que el 1% de la población más adinerada del país acumulaba en 2017 el 26,5% de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza. Estos datos se traducen principalmente en una grave desigualdad entre ricos y pobres.

A todo ello hay que sumar la ausencia de una opción política alternativa a Piñera que hubiese sido capaz de entender y tratar de dar solución al malestar de la clase media chilena. Ni el Partido Socialista, que se negó a asistir a las reuniones convocadas por el presidente para intentar darle una salida a la emergencia hasta que el ejército abandonase las calles, ni el Frente Amplio o el Partido Comunista que en vez de escuchar primero las reivindicaciones de la población, prefirieron acudir al Congreso para tratar de destituir al presidente mediante una acusación constitucional. La oposición decidió enfrentarse al presidente es decir, crear rencillas políticas de las que los chilenos ya están cansados, en vez de tratar de escuchar el clamor popular. Por ello, como suele ocurrir en los movimientos sociales de la actualidad, ni se reconoce a un líder claro de estas revueltas ni tampoco se han politizado las mismas.

Este “oasis” que debatía si en 2020 iba a crecer o no por encima del 2,5%, debate ahora si su economía entrará o no en recesión. La punta de lanza de movilizaciones sociales que compone Chile junto a Colombia en latinoamérica y junto a Hong Kong y Francia en el mundo trata de salir de una espiral de inestabilidad y violencia debido a las reivindicaciones de la clase media de querer gozar de una mejor calidad de vida y de la escasa operatividad de las fuerzas políticas para lograr ese cometido. Datos publicados a finales de año por el Fondo Monetario Internacional reflejaban que la economía de esta zona crecería únicamente un 0,2% -excluyendo de la ecuación a Venezuela- lo que condena a esta región tras la crisis mundial provocada por el Covid-19 a una recesión de incalculables consecuencias. Es el momento de que la clase política principalmente y la sociedad chilena pongan ambos de su parte para que la calma y la estabilidad puedan volver a reinar en Chile.