La Corte Penal Internacional pide investigar crímenes de guerra de Israel contra Palestina

La fiscal de la Corte Penal Internacional (con sede en La Haya), Fatou Bensouda, ha pedido este viernes al tribunal que abra una investigación por supuestos crímenes de guerra en territorio palestino, según informó el tribunal en un comunicado citado por Efe. “Existe una base razonable para proceder con una investigación”, dijo Bensouda. La fiscal explicó a los jueces de la CPI que comiencen a investigar en los territorios de Cisjordania, Jerusalén oriental y la franja de Gaza. El principal objetivo de este tribunal es juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad.

A su vez, el gobierno de Israel, país responsable de los supuestos crímenes de guerra contra Palestina señalados por Bensouda, ha querido responder a dichas declaraciones. Benjamín Netanyahu, Primer Ministro israelí, ha negado que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción sobre el Estado de Israel, ya que no es parte signataria del Estatuto de Roma, el tratado por el que se fundó el tribunal en 2002.

Netanyahu sostiene que las acciones presentadas contra Israel contra Palestina, que desde 2015 se halla sometida a la jurisdicción de la CPI, “carecen de toda validez legal”, ya que la Autoridad palestina no es “un Estado soberano de acuerdo con el derecho internacional”. “Es un día negro para la justicia y para la verdad”, dijo el jefe de Gobierno israelí poco después.

Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel

Por su parte, el fiscal general de Israel, Avichai Mandleblit, ha emitido también un dictamen contrario, ante el anuncio de la fiscalía de la CPI de abrir una investigación que implique al Estado israelí por supuestas violaciones de los Derechos Humanos en Gaza y Cisjordania.

Tras la incorporación de Palestina a la jurisdicción de la CPI en 2015, la fiscalía del tribunal internacional había iniciado investigaciones sobre la expansión de asentamientos en Cisjordania y la guerra de 2014 en Gaza (en la que perecieron 2.500 palestinos, más de la mitad de ellos civiles). Estas investigaciones también obedecen a la muerte de casi 300 manifestantes por disparos de tropas israelíes en la frontera de Gaza a partir del 30 de marzo de 2018, además de la amenaza de desalojo, refrendada por el Tribunal Supremo israelí, de decenas de familias beduinas en la aldea de Jan al Ahmar, al este de Jerusalén.

Tras la propuesta de la fiscal Bensouda de abrir una investigación contra el Estado, Israel teme que esta puede llevar imputaciones contra responsables israelíes sospechosos de haber cometido crímenes de guerra o contra la humanidad en territorios palestinos y que, en consecuencia, estos puedan ser arrestados por orden de la CPI.